Pacto fiscal: Hacienda propone a partidos 30 medidas pro crecimiento e incluye rebajas de impuestos

En tierra derecha están las conversaciones entre el Gobierno y los partidos políticos para alcanzar un acuerdo por un denominado "pacto fiscal", que involucre retomar la vía legislativa de la reforma tributaria, rechazada en marzo de este año en su idea de legislar en la Cámara de Diputados.

Con ese objetivo, desde las 14:30 horas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lidera una reunión con representantes de partidos políticos, con la idea de lograr un consenso en uno de los pilares del proyecto: los incentivos al crecimiento y la inversión.

De esta manera, la cartera entregó a las contrapartes un documento borrador de siete páginas, al que tuvo acceso Diario Financiero, donde propone 30 medidas para incentivar el crecimiento y la inversión, los que implican medidas tributarias como rebaja transitorias de impuestos, y racionalizar los procesos de evaluación de proyectos.

Las iniciativas se agrupan en cinco categorías: racionalización regulatoria de proyectos de inversión; incentivos tributarios a la inversión y la productividad; diversificación productiva; desarrollo de infraestructura, y formalización de la economía.

Racionalización regulatoria

La primera medida en esta área es modernizar la gestión de permisos ambientales. Según expuso Hacienda, se reformará la Ley Ambiental con el propósito de racionalizar los procesos de autorización de proyectos, reduciendo sus plazos de tramitación sin debilitar los estándares ambientales.

"Para tal efecto, la reforma contemplará, a lo menos, adelantar los procesos de participación ciudadana (PACA), de manera de identificar tempranamente las preocupaciones, objeciones y/o necesidades de la comunidad; eliminar el Consejo de Ministros, reemplazándolo por una instancia -unipersonal o colegiada- de carácter técnico; aplicar criterios de proporcionalidad y finalidad en la tramitación de permisos; absorber en la evaluación ambiental los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) mixtos; minimizar los riesgos de retroceso de un proyecto por razones distintas de los recursos administrativos y jurisdiccionales, y generar un banco público de líneas de base ambientales", dice el texto.

Una segunda propuesta es generar un marco legal común para los permisos sectoriales para inversiones, para lo cual se enviará un proyecto de ley al Congreso para crear una gobernanza de la gestión de permisos sectoriales que permita coordinar múltiples instituciones del Estado intervinientes.

Además, se incorporará la figura de evaluadores externos como solución de transición, creando mecanismos institucionales para evitar potenciales conflictos de interés. También, se incluirán criterios de proporcionalidad en la tramitación de los permisos y se analizará la inclusión de modificaciones a los procedimientos administrativos, en especial respecto del cumplimiento de los plazos, así como la procedencia del silencio administrativo positivo en una mayor cantidad de situaciones, "de forma de evitar que la demora injustificada en la tramitación pueda terminar con decisiones negativas por el sólo transcurso del tiempo", dice la propuesta.

Reformar los permisos de concesiones marítimas es la tercera idea en este pilar, a través de indicaciones al proyecto de ley que reforma los permisos de Concesiones Marítimas, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, para así disminuir los tiempos de tramitación en un permiso que hoy enfrenta uno de los mayores niveles de atraso, generando una institucionalidad "más adecuada, con transferencia de facultades generales al Ministerio de Bienes Nacionales y manteniendo la fiscalización en la Directemar".

Mejorar la gestión de permisos ligados al Consejo de Monumentos Nacionales es la cuarta propuesta, cuya presentación será a través del nuevo proyecto de ley de patrimonio cultural, hoy en consulta indígena, que incluirá una modernización de los permisos que dependen del Consejo de Monumentos Nacionales, de manera de reducir sus plazos de tramitación.

Como quinto foco está modernizar las Direcciones de Obras Municipales (DOM), poniéndole urgencia a las indicaciones del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento.

También, se creará un Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) para instituciones evaluadoras de proyectos de inversión. "Se utilizará el sistema de PMG para incentivar el buen desempeño de las instituciones responsables del otorgamiento de permisos de inversión, ofreciendo una bonificación salarial a los equipos más comprometidos con el proceso considerando la calidad, oportunidad y rigurosa revisión en el marco de sus facultades, con apego a las normas de probidad y transparencia", propone Hacienda.

Incentivos tributarios a la inversión privada y la productividad

Hacienda anuncia en el borrador que el proyecto de reforma del impuesto a la renta -que se ingresará a la Cámara en marzo- contendrá un conjunto de medidas de incentivo a la inversión privada y la productividad.

Una primera idea en este eje es crear un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador, contra el pago futuro de impuesto a la renta de Primera Categoría que se asignará anualmente a los titulares de proyectos de inversión con un alto efecto multiplicador sobre la actividad y el empleo, así como con externalidades positivas en materia territorial y ambiental.

La denominada "tasa de desarrollo" es otra de las propuestas en este pilar, que contempla la reducción de la tasa general del Impuesto de Primera Categoría de 27% a 25% y se establece una tasa de desarrollo calculada como un 1% de la misma base del impuesto corporativo bajo el régimen general, la que será íntegramente deducible en base a las inversiones que las empresas realicen en investigación, desarrollo e innovación, capacitación laboral, certificación de procesos, patentamiento y adquisición de equipo tecnológico especializado.

También, se propone ampliar los beneficios a la inversión en investigación y desarrollo, al igual que los incentivos a la reinversión de utilidades en el régimen PYME

Otra rebaja de impuestos que propone Hacienda es al impuesto de timbres y estampillas, que regirá por dos años para operaciones de financiamiento de inversiones.

La creación de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo es otra idea bajo este pilar, la cual incorporará las facultades que hoy tiene la gerencia de crédito de Corfo en un marco de "mayor flexibilidad, propio de una empresa pública, desarrollando productos financieros para responder a las necesidades de financiamiento, capitalización y gestión de riesgo de proyectos y emprendimientos con un alto potencial de crecimiento", dice el texto.

También, se propone acelerar el desarrollo de la industria de capital de riesgo y la capitalización de empresas emergentes, a través de un fondo de fondos.

Diversificación productiva

Hacienda compromete impulsar a rubros como la minería limpia y competitiva, industria del litio, hidrógeno verde, energías renovables, economía digital y turismo.

Estos seis sectores serán automáticamente elegibles para los incentivos tributarios a inversiones con efecto multiplicador, sujeto a la calificación de proyectos según sus externalidades, propone el Ejecutivo.

Una de las propuestas en este marco es el cumplimiento de los compromisos de "racionalización" de permisos para las inversiones mineras comprometidos durante la tramitación del royalty minero. 

"Habiéndose constituido la mesa de trabajo para analizar los principales cuellos de botella, se ha identificado 35 permisos críticos, respecto de los cuales se identificarán acciones concretas que se desarrollarán en cada caso", expone Marcel en el documento.

Otro foco será acelerar las definiciones sobre salares protegidos y proyectos estratégicos en litio, las que se entregarán antes de fin de año.

Implementar el plan de transición para generación de energías renovables es la propuesta número 17 del plan general de Hacienda, lo que contempla la modificación de la regulación tarifaria, la licitación e instalación de baterías de almacenamiento en las generadoras del norte del país, y la construcción de la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre dentro de los plazos comprometidos.

Otros compromisos en este marco es aprobar el Plan de Acción para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde; adecuar los criterios de evaluación de inversiones en centros de datos; el fortalecimiento de la educación técnico profesional en línea con las necesidades de la matriz productiva; potenciar los esfuerzos en inversión en innovación y desarrollo productivo, fortaleciendo la coordinación y sinergia de los instrumentos y herramientas del Ministerio de Ciencias, la Corfo y el Fondo Nacional de Productividad y Desarrollo de los Gobiernos Regionales; y establecer un sistema de devolución de IVA a las compras de mayor valor efectuadas por turistas extranjeros

Infraestructura pública y privada 

En el cuarto eje, Hacienda propone establecer un Consejo Asesor Presidencial responsable de la elaboración de un plan de Infraestructura de largo plazo, creado por ley y que servirá de marco para la inversión a través de concesiones e inversión pública directa, con una mirada de largo plazo, que trascienda los períodos presidenciales y permita identificar proyectos de mayor envergadura.

Ampliar y agilizar el programa de concesiones es otra de las medidas del borrador, estableciendo como "prioridad" la reactivación de concesiones de infraestructura, especialmente vial, que estén paralizadas, sobre todo en regiones, extendiendo esta modalidad hacia áreas nuevas, como plantas desaladoras, incluyendo desaladoras de uso compartido.

Un plan de inversión en infraestructura y gestión hídrica completa este pilar, con la ejecución de un plan de mediano y largo plazo para mitigar el impacto productivo de la escasez hídrica, incluyendo inversiones en embalses y obras de regadío, plantas desaladoras, cuencas hidrográficas y reutilización de aguas.

También, se modernizará la Ley de Puertos y la logística complementaria, buscando agilizar la inversión en puertos públicos, privados y concesionados, así como la logística que los alimenta, incluyendo accesos viales, ferrocarriles de carga y centros de transferencia. Mientras que también se implementará una estrategia para elevar el valor agregado de la minería.

Reducir la informalidad 

El último pilar se divide en dos categorías.

La primera es el control de la informalidad, con cinco medidas específicas: obligar a los proveedores de POS a exigir inicio de actividades a los contribuyentes con los cuales realicen operaciones; requerir a las instituciones financieras que informen al SII cuando un contribuyente reciba una serie de transferencias de un número de distintos contribuyentes, dando cuenta potencialmente de una actividad comercial; sujetar a las plataformas de venta de bienes extranjeros a las normas de IVA simplificado implementado para los servicios digitales; establecer medidas precautorias que permitan, por ejemplo, el embargo de activos, para que el SII pueda asegurar la persecución de la informalidad.; incorporar sanciones equiparables a la clausura del establecimiento a aquellas plataformas de comercio digital que no emitan documentos tributarios; y se eliminará la exención de IVA en la importación de bienes.

La segunda categoría son los incentivos a la formalización, con tres apuestas: establecer un sistema ultra simplificado dentro del régimen PYME para que, mediante un monotributo, se combine un pago único mensual para cubrir obligaciones tributarias y previsionales con capacitación y educación para la elaboración progresiva de estados contables; se automatizará el pago de cotizaciones previsionales bajo modalidades adecuadas a trabajadores y empleadores con alta variabilidad en sus ingresos; y revisar los requerimientos para acceder a beneficios sociales, eliminando desincentivos a la formalización y desarrollar una campaña de información que despeje dudas, creencias y prejuicios en torno al eventual efecto perjudicial de la formalización.